Transparencia financiera y protección al consumidor en Colombia

Nuevo decreto de transparencia financiera obliga a entes financieras a calcular y reportar el Valor Total Unificado.

Escrito por Sergio Clavijo, presidente de la ANIF.

La regulación financiera en la era Pos-Lehman ha procurado establecer una protección más estricta del consumidor financiero tras los desmanes ocurridos en la crisis internacional (2007 – 2013). Por ejemplo, la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos promovió un fortalecimiento institucional enfocado en dar mayores garantías a los consumidores financieros, incluyendo la creación del Consumer Financial Protection Bureau. Dicha entidad ha tenido como función principal la defensa de estos consumidores ante posibles prácticas abusivas, junto al establecimiento de programas de educación financiera.

En Colombia también se han dado avances importantes en esta materia. En primer lugar, la Ley 1328 de 2009 aprobó un marco normativo específico para la defensa del consumidor financiero. Dicha Ley estableció que la educación financiera era un derecho a garantizarse. Complementariamente, la Ley 1450 de 2011 asignó al Ministerio de Educación Nacional definir las competencias básicas que deberían tener los estudiantes al respecto. Ello dio lugar a la emisión del Decreto 457 de 2014, por medio del cual se instauró el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera, acordándose sinergias entre el sector privado y el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la educación financiera del país.

Recientemente, se dio un nuevo avance regulatorio con la emisión del Decreto 1854 de 2015, el cual reglamentó la Ley 1748 de 2014 sobre el tema de “transparencia financiera”. Esta normatividad busca mejorar la calidad de la información recibida por los clientes de las entidades financieras. Veamos esto con algún detalle.

Reportes de información a clientes potenciales

El nuevo Decreto obliga a las entidades financieras a calcular y reportar el Valor Total Unificado (VTU) para las operaciones activas y pasivas, de manera previa a la suscripción de los contratos con sus clientes. Dicho VTU equivale a la Tasa Interna de Retorno (TIR) efectiva anual de los flujos monetarios inherentes a cada producto y debe ser expresado en términos porcentuales y en su equivalente en pesos. El aspecto más novedoso de esta reglamentación consiste en que allí deben incluirse los costos adicionales al valor de las cuotas del crédito, tales como los referidos a primas de seguros o comisiones.

Para los productos del pasivo se debe estimar la diferencia ente los ingresos percibidos por intereses y los gastos de apertura y administración. Afortunadamente, el regulador excluyó aquellos costos relacionados con servicios de carácter transaccional (los cuales no son fácilmente cuantificables).

Reporte Anual de costos totales para las SEDPEs

La  nueva  normatividad  también  obliga  a  las  Sociedades  Especializadas  en  Depósitos  y  Pagos Electrónicos  (SEDPEs)  a  entregar  el  reporte  anual  de  costos  que  actualmente  reportan  los establecimientos de crédito. Dicho reporte debe incluir la suma total de todos los costos que ha pagado el consumidor financiero, asociados a los servicios que ha utilizado.

Oferta de servicios básicos

Finalmente, el nuevo Decreto estableció que aquellas entidades financieras que ofrecen actualmente la totalidad de los servicios que componen el paquete básico deberán promocionarlo como un producto más dentro de su portafolio. Esto con el propósito de facilitarle al consumidor financiero establecer comparaciones sobre dichos paquetes y tomar decisiones mejor informadas.

Esta medida parece razonable si tenemos en cuenta que un porcentaje significativo de los consumidores financieros en el país no realiza esta clase ejercicios comparativos. Por ejemplo, el “Estudio de Demanda por Inclusión Financiera” de la Superfinanciera y la Banca de las Oportunidades, encontró que un 23 % de los colombianos entrevistados no evaluó ningún producto adicional al momento de adquirir una cuenta ahorros, mientras que solo un 20 % buscó opciones alternativas, no necesariamente exitosas. En el caso del crédito dichas cifras eran solo del 14 % – 16%.

En  síntesis,  la  regulación  financiera  internacional  en  la  era  pos-Lehman  ha  abogado  por  el establecimiento de una mayor defensa al consumidor financiero. Colombia no ha sido ajena a esa tendencia, ya que el Gobierno Nacional, en sintonía con el sector privado, ha venido mejorando el marco legal de protección a los usuarios financieros. En este sentido, la emisión del Decreto 1854 de 2015, reglamentando aspectos de la Ley 1748 de 2014, ha dado un paso importante en materia de “transparencia financiera”.