"El mayor precio que puede pagar un consumidor por un bien o servicio, es la ausencia de ese bien o servicio, como le ocurre hoy en día a la población más pobre, que no tiene acceso al crédito en el sector financiero".
El sector financiero ha venido solicitando en los últimos años la eliminación de la tasa de usura, pues ello implica un control del precio del dinero. Ese control, según los banqueros, trae consigo que la población más vulnerable, donde hay mayor riesgo, no tenga acceso a crédito en el sector formal, lo que en vez de beneficiar a los más pobres los perjudica, pues deben acudir a lo que de forma coloquial se denomina el “gota gota”, donde los intereses llegan inclusive a una tasa del ciento por ciento efectivo anual.
Mercado de Dinero comparte la preocupación del Gobierno del efecto negativo en el aumento de las tasas de interés que la eliminación de la tasa de usura pueda conllevar.
A la preocupación de los altos precios que pagamos los Colombianos por lo servicios financieros, el Gobierno no quiere adicionar el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, consideramos que si existe una verdadera competencia en el sector financiero, es el mercado y no el Gobierno, el que debe establecer la tasa máxima que se puede cobrar por los préstamos.
Hoy en día no existe duda de que las normas de competencia son aplicables al sector financiero. Además la autoridad de competencia no es sectorial, como ocurría antes de la expedición de la Ley 1340 del 2009, en que la competencia para el sector financiero estaba asignada a la Superintendencia Financiera, entidad que era de la idea de que la competencia entre las entidades podría poner en riesgo la solvencia del sector. Ante esta nueva realidad, el Gobierno no debería controlar la tasa de usura, sino expedir regulaciones que incentiven la competencia, con el objeto de que sea el mercado el que fije el precio del dinero.
El mayor precio que puede pagar un consumidor por un bien o servicio, es la ausencia de ese bien o servicio, como le ocurre hoy en día a la población más pobre, que no tiene acceso al crédito en el sector financiero. La preocupación valida de que los establecimientos bancarios distorsionen el mercado, no puede seguir siendo la disculpa para la eliminación de la tasa de usura, pues ello implica aceptar que no tenemos una autoridad de competencia fuerte y eficaz que reprima las prácticas comerciales restrictivas en este sector vital para la economía del país.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad de competencia, lleva más de un año con la competencia para reprimir las distorsiones en ese mercado, por lo que ya ha debido reflexionar sobre las normas y situaciones que limitan la competencia en este sector. El país necesita saber si algunas prácticas de los establecimientos bancarios son anticompetitivas, como lo es, por ejemplo, la práctica de las entidades financieras de ofrecer paquetes de servicios, ejerciendo su poder de dominio contractual, para que el cliente acceda a los diferentes productos acumulados, pues si no proceden adquiriendo el paquete, se ven obligados a acceder a los servicios de forma individual considerados en condiciones absolutamente onerosas.