"Hoy en día está superado el debate sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual como condición para generar un clima de seguridad para la inversión extranjera y para fomentar el desarrollo empresarial".
Desde la década de 1990, Colombia ha promovido la inversión extranjera directa ofreciendo incentivos y beneficios a aquellas empresas que escojan a nuestro país como lugar para establecer sus negocios.
Sin embargo el principal aspecto que tiene en cuenta cualquier persona extranjera que quiera invertir en Colombia, es la estabilidad democrática y la institucionalidad de nuestro país, lo que conlleva que las normas de protección de la misma sean efectivamente aplicadas por las autoridades correspondientes.
Un extranjero, por ejemplo, no invertiría en Colombia si no tiene la seguridad de que sus activos intangibles están debidamente protegidos. Si ese extranjero determina que, no obstante la normatividad vigente en el país, que está acorde con los parámetros internacionales, la marca de sus productos o servicios, o su patente de invención, o su derecho de autor no tienen una protección efectiva por las autoridades administrativas y/o judiciales, no seguirá su proceso evaluativo de inversión.
No basta, entonces, con un marco jurídico estable y transparente, sino que se requiere su cabal aplicación y respeto por las autoridades. El estado debe garantizar a sus titulares el ejercicio pleno de los derechos de propiedad intelectual, condición esencial para que exista inversión extranjera y para la transferencia de tecnología.
Hoy en día está superado el debate sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual como condición para generar un clima de seguridad para la inversión extranjera y para fomentar el desarrollo empresarial.
Por ello, instamos para que el Gobierno Colombiano ejecute en su integridad el Conpes 3535, que crea las bases de una política pública de propiedad intelectual, que adecue el sistema a la competitividad y productividad nacional.
Para ello es necesario, como se indica en el documento Conpes, fortalecer y articular el aparato institucional “con miras a incentivar la investigación y la producción de nuevas creaciones aprovechables con fines productivos, generar un clima de seguridad para la inversión, crear las condiciones que conduzcan a la reducción de la brecha tecnológica que nuestro país presenta en comparación con países desarrollados y facilitar el aprovechamiento de las potencialidades que el país posee en materia de biodiversidad”.
El Gobierno debe revisar con prontitud la ejecución de las estrategias contenidas en el documento Conpes, para que este no sea un documento de buenas intenciones, sino un verdadero accionar de adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad del país.