Tras dos años de trámite ante el Legislativo, hoy las personas naturales que puedan comprobar que económicamente no tienen como seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras y comerciales tendrán por ley, un salvavidas que les permitirá cumplir con estas en condiciones viables y salir adelante.

Todo esto gracias a la sanción que dio el presidente Álvaro Uribe a la “Ley de insolvencia económica para personas naturales”, tal como lo explicó uno de los principales ponentes de dicha iniciativa, el representante a la Cámara, Simón Gaviria, quien dijo que la norma beneficiará a más de15 millones de colombianos, quienes mediante una conciliación entre el deudor y el acreedor, podrán acceder a un plazo máximo de 90 días para acordar una forma de pago de las deudas adquiridas e incumplidas.

Tal como Mercado de Dinero lo había planteado en anteriores ediciones, la nueva Ley se convierte en una herramienta eficaz para aquellas personas que están en mora con sus préstamos y quieren pagarlos, pero que por motivos de fuerza mayor necesitan de una refinanciación. Pero al contrario de lo que la gente puede imaginar, sobre la posibilidad de declararse insolvente en cualquier momento para obtener el beneficio de un mayor plazo o de disminuir el monto de su obligación, la ley está diseñada sólo para deudores que hayan incumplido en el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de sesenta (60) días y deudores que en su contra cursen dos o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva exigiendo el pago de alguna de sus obligaciones.

La Ley, que no sufrió muchas modificaciones del proyecto original, surgió de la necesidad de ayudar a esos ciudadanos que querían cumplir con sus deudas pero que necesitaban alguna conciliación con los acreedores, aunque quedan por fuera los trabajadores informales, es decir, personas que sobreviven de un negocio particular no constituido legalmente al no cumplir con el requisito de ser personas naturales, según el representante Roy Barreras, esto se debe en parte a la resistencia de las entidades bancarias, “pues aunque en las audiencias públicas y en el trabajo de conciliación se tuvo el apoyo de la Asobancaria, con esa resistencia se terminó por excluir de los beneficios de la ley a los trabajadores informales”.

Redacción
Bogotá