Según los encargados de rastrear dichos capitales, cualquier cifra se queda corta frente a la realidad de esta actividad, toda vez que los delincuentes cada día encuentran una forma de “camuflar” esos recursos y, lo que es peor, cientos de operaciones se manejan en efectivo por medio de correos humanos, en tanto el grueso de esos dineros se queda en los llamados paraísos fiscales, lo cual hace difícil su cuantificación.

Para dar una dimensión de lo que puede ser este “lucrativo negocio”, se estima que cada año la cifra supera, con facilidad, los 7.000 millones de dólares, sólo en Colombia. En el mundo el monto va más allá de los 800.000 millones de dólares.

Un dato que se queda corto, pues en esta actividad confluyen no sólo los recursos del narcotráfico, también están las gruesas sumas que manejan grupos ilegales armados (guerrilla, bandas criminales y paramilitares), delincuencia común (secuestros, extorsiones, chantajes, tráfico de armas, asaltos, entre muchas otras), contrabandistas y la corrupción.

Cuando se habla de lavado de activos las miradas siempre apuntan al crimen organizado, como principal ejecutor de esta práctica, olvidando que la corrupción también genera millonarios recursos que deben ser ocultados o inyectados a la economía del país.

Según cálculos de la oficina del Zar Anticorrupción, el Estado colombiano pierde cerca de 4 billones de pesos, recursos que van a parar a manos de funcionarios inescrupulosos y personas dedicadas a menoscabar los recursos de la Nación que, en últimas, terminan filtrando la econo legal.

Las acciones

Con este panorama, la tarea que le queda a las autoridades y al sector privado no es fácil, pues está demostrado que los delincuentes han permeado todas las actividades económicas para “blanquear los dineros” producto de sus actividades. Todos los sectores sin excepción, han sido víctimas directas o indirectas de las argucias de los lavadores de activos.

Y es precisamente esa condición la que ha llevado a Colombia a ser líder y referente mundial en materia de prevención y lucha contra este flagelo que no es exclusivo de su economía. Según fuentes oficiales, el país viene trabajando en el diseño de medidas preventivas desde comienzos de la década de los años 90, lo que permite arrojar un balance de más de 45 leyes tendientes a cortar los tentáculos del lavado de activos. A esto se suman las alianzas establecidas entre autoridades policiales y el sector privado, así como el acuerdo suscrito entre más de 600 bancos en América Latina.

Inteligencia financiera

Los resultados han sido significativos, aunque no suficientes, a juzgar por las estadísticas que entrega la Unidad de Información Análisis Financiero (Uiaf).

En nueve años de operaciones la Uiaf ha entregado a la distintas autoridades para su investigación, más de 1.913 informes de inteligencia financiera.

A lo largo de esta actividad adelantada por la Uiaf, 47.420 personas han sido incluidas en dichos informes para un posterior seguimiento e indagación por parte de las autoridades competentes. El punto más alto se registró en 2007, cuando 23.833 individuos fueron reportados por considerar que sus transacciones financieras eran poco claras.

Durante ese mismo periodo (200-2009) cerca de 4.030 empresas de distintos sectores han sido objeto de inclusión en estos informes, pero el mayor número de estas se incluyó en 2008.

El parte de la Superintendencia Financiera en este campo también es positivo. Según el funcionario a cargo, Roberto Borrás Polanía, “a la fecha 267 entidades deben aplicar el Sarlaft en su totalidad. El esfuerzo mancomunado entre las entidades vigiladas y el supervisor ha permitido que el sector en su conjunto esté hoy a la vanguardia en materia de prevención y control de este flagelo… Se ha observado desde su implementación un amplio compromiso de gran parte de las Juntas Directivas de las entidades vigiladas, reflejado en importantes inversiones, seguimiento periódico al perfil de riesgo de su entidad y diseño de metodologías”.

Redacción
Bogotá