Juan Carlos Jaramillo, abogado experto en derecho tributario.

La razón está en que el gobierno tiene centrada su atención no sólo en defender la Emergencia Social y sus posteriores decretos, los cuales han sido blanco de agudos comentarios, sino que además, debe enfilar sus esfuerzos a corregir las inconsistencias de los mismos, lo cual le dejará poco espacio para atender la reglamentación de la Reforma Tribuaria.

Ante un auditorio compuesto por empresarios, contadores, administradores de empresas y revisores fiscales, entre otros (ver fotos), Jaramillo Díaz no sólo hizo un examen pormenorizado de las principales implicaciones de la mencionada ley, sino que además, puso en contexto a los asistentes acerca de los alcances, cambios y novedades que la norma introduce en materia tributaria, aspectos estos que se deben tener en cuenta a la hora de cumplir con esta obligación.

Como se recuerda, la actual Reforma Tributaria modificará dos aspectos fundamentales: el primero, tiene que ver con el Impuesto al Patrimonio; y el segundo, se relaciona con el estímulo tributario a la inversión en activos fijos.

Sobre el Impuesto al Patrimonio, que no sobra recordar fue transitorio, regulado a través de la Ley 863 de 2003 y que funcionaría para el periodo 2004 – 2006, actualmente ha sido ampliado por la reciente reforma hasta el 2014. Sus modificaciones son: determina una tarifa de 2,4 por ciento o del 4,8 según monto de patrimonio; amplía la lista de sujetos no obligados; también exclusiones de base gravable; modifica la norma de pasivos fiscales y prioriza programas de fiscalización.

El foro

En cuanto al segundo aspecto que modifica la Reforma sus implicaciones estarían centradas en la disminución porcentual de deducción, el cual pasa de 40 al 30 por ciento, lo que traería una mejor expectativa de recaudo tributario y en que esta sería incompatible con el usuario operador y el industrial de bienes y servicios de zona franca.

Para el experto, este cambio tiene sus cosas buenas y malas, si bien es menor la cuota de pago de quienes deben hacerlo, se deja de lado la consolidación de programas de fiscalización serios y adecuados frente a la aplicación de este beneficio.

Mientras se espera que no haya otra cortina de humo que retrase la reglamentación de esta norma, los empresarios y demás ciudadanos deben estar atentos a cómo será el funcionamiento de su tributación para este 2010, pues de lo contrario pueden ser objeto de las sanciones y penalidades que acarrea el atraso, la evasión o la elusión frente a las obligaciones tributarias.

Redacción. Bogotá.