El Gobierno dio a conocer los decretos que sustentan la emergencia social, los cuales vienen recibiendo duras críticas por parte de la opinión pública.

El despilfarro del único recurso propio del Estado, las normas jurídicas, para crear y declarar un “Estado de Emergencia Social” con la finalidad de conjurar una crisis inexistente y asumir la facultad de expedir decretos que menoscaban el derecho fundamental y autónomo al goce de los servicios de salud, convocará a un ejercicio de transparencia a diversos y dispersos sectores sociales y económicos cobijados por el manto de la desinformación o confundidos por las fallas de información creadas en el Sistema Presupuestal de la Nación, el Sistema de Salud, y en el desempeño de la actividad aseguradora.

El problema del Sistema de Salud no es la insuficiencia de recursos, es la falta de legalidad y la renuencia del Gobierno a erradicar la fuente ilegal que a nombre de la salud extrae del presupuesto familiar recursos que el Sistema no requiere para simular su ingreso al Presupuesto de la Nación a través de la Ecat cuenta adaptada al interior del Fosyga, para realizar el engaño

El monto acumulado de la reclamación, -$2,5 billones a noviembre 30 de 2010- la intención del Gobierno de soslayar las obligaciones de incorporar la totalidad de estos recursos al Presupuesto Nacional y comunicar a la ciudadanía la erradicación del peligroso Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), mecanismo usado para timar a los colombianos, son en realidad los catalizadores de la Emergencia Social.

Considerando las perturbaciones que al interior del sector asegurador ha causado este engañoso ramo de seguro, su erradicación abre puertas al desarrollo de una industria vital en el desempeño económico y la evolución social del país.

Redacción. Bogotá